Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Las medidas son las siguientes:
- Moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamo, leasing y renting de vehículos: Se establece en favor de las personas jurídicas y los autónomos, cuya actividad empresarial incluya la realización de transporte público de mercancías, una moratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público de mercancías, incluyendo el transporte de carbón de centrales térmicas, de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras.
Se considera que existen dificultades financieras cuando el autónomo o persona jurídica haya sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% respecto al promedio mensual de los mismos meses del año 2019.
Los autónomos y personas jurídicas podrán solicitar un periodo de moratoria de hasta un máximo de seis meses que se añadirán al final del plazo de vencimiento del crédito o la redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés aplicable.
- Visado de autorizaciones: Las autorizaciones de transporte por carretera a las que les correspondiera visar en el año 2020 y no lo hubieran hecho, podrán hacerlo, asimismo, en el año 2021. Las autorizaciones de transporte ya visadas en el año 2020, deberán volver a visar en el año 2023.
- Rehabilitación extraordinaria de autorizaciones: Las autorizaciones de transporte público invalidadas por no haber sido acreditados los requisitos exigidos para su visado durante el año 2020, podrán ser rehabilitadas por el órgano competente para su expedición, si así se solicita, dentro del período de dos años contados a partir de la notificación de pérdida de validez, siempre que resulte acreditado el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para su obtención y mantenimiento.
- Prórroga del certificado de la ITV: El plazo de validez de los certificados ITV de los vehículos de transporte cuya fecha de próxima inspección estuviera comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020 y no se hubiera realizado todavía se prorrogará tres meses, a contar desde la fecha de vencimiento del certificado. Mientras esté vigente la prórroga, las empresas de transporte público de mercancías titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por la inspección técnica periódica en las estaciones ITV.
- Juntas Arbitrales del Transporte: Se establece la posibilidad de que en las demandas de arbitraje presentadas o que se presenten desde el 1 de septiembre de 2019 hasta finales de 2020 y cuya cuantía no exceda de 5.000 euros, pueda prescindirse de la vista oral para resolver las controversias, estableciéndose un procedimiento escrito para estos supuestos.
Este Real decreto-ley entrará en vigor el 9 de julio de 2020.
