La Fiscalía de Sala de Seguridad Vial envío este lunes un oficio a las policías competentes en materia de tráfico (Guardia Civil, Mossos de Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra) para que intensifiquen los controles a camiones e instruyan atestados por delito de falsedad en documento oficial en caso de que se haya llevado a cabo la manipulación del tacógrafo.
El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, explicó en una rueda de prensa a los medios esta nueva medida que se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 15 de enero de 2020. Dicha sentencia considera que el documento que se extrae del tacógrafo debe ser considerado a los efectos jurídico-penales como documento oficial, ya que el tacógrafo y sus mediciones no tienen otra finalidad que el control del transporte por carretera por parte de la Administración. Por tanto, a partir de ahora la alteración del tacógrafo podrá ser castigado con una pena de hasta tres años de prisión.
Asimismo, según ha señalado el fiscal, la investigación no solo se limitará al conductor, sino también al titular, encargado o empleado de la empresa propietaria del vehículo o del taller que lleve a cabo dicha manipulación. De esta manera, la investigación podría centrarse en averiguar si los empresarios son conocedores de esas prácticas y si las permiten con el objetivo de que se lleven a cabo más horas de conducción.
Por otra parte, Vargas ha asegurado que se pondrán en contacto con la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Transportes por Carretera, las consejerías de transportes, las asociaciones de empresarios y los sindicatos para informarles de la medida y elaborar un protocolo de actuación.
Desde la CETM consideramos que esta medida servirá para evitar un fraude que supone un grave perjuicio para las empresas de transporte y para el sector en general, que deteriora la profesión y supone un riesgo para la seguridad vial.
Perseguir este tipo de infracciones y endurecer las sanciones puede ser una solución para conseguir atemorizar a los infractores, ya que al suponer penas de prisión es más probable que eviten incurrir en ese delito. Asimismo, servirá para que desde las empresas de transporte se realice un control exhaustivo de los tacógrafos y se aseguren de que los conductores cumplen con los tiempos de conducción y descanso.
Finalmente, la CETM reclama que exista la máxima garantía jurídica en todo el proceso de sanción de manera que solo el verdadero responsable de la manipulación del tacógrafo sea quien acarree las consecuencias, puesto que estamos hablando de penas de entre seis meses y tres años de prisión y que pueden llevar a la inhabilitación del gestor del transporte y a la desaparición de la empresa.