Amparándose en la reactivación del tejido industrial, la denominada Alianza por la Competitividad de la Industria Española, ha realizado una propuesta para que el Gobierno legisle la ampliación de la Masa Máxima Autorizada (MMA) de los vehículos pesados hasta las 44 toneladas, en lugar de las 40 toneladas permitidas como máximo en estos momentos.
Es de suponer que las siete grandes corporaciones que componen esta Alianza, en las que están integradas muchas de las más importantes empresas de nuestro país, velan por sus intereses, sin importarles un bledo las consecuencias que acarrearía esta medida para el sector del transporte de mercancías por carretera, que supone casi un 5% del PIB y es considerado, al menos sobre el papel, como estratégico en nuestra economía.
Sin duda, en la que ya parece una ‘carrera’ por entrar en los pactos que propugna el Gobierno para conseguir todas las ventajas posibles, la Alianza no ha contado ni con la opinión ni con los intereses del transporte, quienes precisamente transportan cerca del 90% de sus productos, a precios, eso sí, muy ventajosos.
En estos momentos tan dramáticos, en los que toda la economía nacional está en peligro, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), considera que las soluciones para salir de esta crisis pasan por la consecución de acuerdos globales que salvaguarden el empleo en todos los sectores.
No existen estudios fidedignos, a pasar de lo que indica la Alianza por la Competitividad, de los que se pueda cuantificar las mejoras medioambientales que supondrían las 44 toneladas. Pero de lo que si podemos estar seguros en que esas 4 toneladas suplementarias provocarían un grave deterioro de las infraestructuras, así como un amplio incremento de costes para la adquisición de camiones más potentes, que tendrían un mayor consumo de combustible -y por tanto, contaminarían más- y de neumáticos, por no hablar de su negativa repercusión en la seguridad vial, aumentando la distancia de frenada y la pérdida de adherencia de vehículos notablemente más pesados.
Además, y esto es aún más grave en una situación como la actual, el paro se cebaría en los miles de conductores que deberían abandonar forzosamente la profesión.
El transporte de mercancías por carretera es un sector débil y atomizado, que sufre desde hace tiempo las subastas de cargas a la baja, a precios irrisorios y con plazos de pago abusivos. A muchos de nuestros cargadores integrados en esta Alianza parece no interesarles la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros conductores, a quienes obligan, de forma indignante, a realizar las labores –como venimos denunciando continuamente desde hace años- de la carga y descarga de sus vehículos, con los riesgos de contagio que ello comporta en los momentos actuales.
Es preciso, por otra parte, denunciar que jamás, salvo honrosas excepciones, se ha querido debatir en una mesa de negociaciones contraprestación alguna a un hipotético aumento de la carga.
Con esta postura, la Alianza y otros sectores implicados, como la patronal de los constructores Seopan que, con la que está cayendo, acaba de proponer nuevamente una tarificación por el uso de las infraestructuras, están demostrando una absoluta falta de solidaridad, no solo referida al transporte, sino hacia todo el país.
Si finalmente el Gobierno atiende esta postura, solo van a conseguir que las cargas se queden en sus almacenes, porque no habrá camiones para transportarla. Es hora y tiempo de acuerdos para salir de esta crisis, en la que estamos todos y no sobra, o no debería de sobrar, nadie.
