La semana pasada la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció que el 20 de octubre por fin estaría activada la plataforma informática para solicitar las ayudas del Plan Renove.
Sin embargo, a pesar de que mediante estas ayudas se subvencionan vehículos destinados al transporte de mercancías de las categorías N1 (cuya MMA es inferior a las 3,5 toneladas), N2 (MMA entre 3,5 y 12 toneladas) y N3 (MMA superior a las 12 toneladas) y de que pueden beneficiarse tanto profesionales autónomos, personas físicas como empresas privadas, la gran sorpresa ha sido que las empresas de transporte de mercancías por carretera no pueden utilizarlas para la renovación de flotas.
Esto se debe a que el Programa Renove opera bajo las condiciones del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas “de minimis”, que establece que dichas ayudas no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera de servicio público.
En consecuencia, muchas empresas del sector se han quedado en la estacada, con la renovación de flotas pactadas desde julio y sin las ayudas del Plan Renove con las que contaban para hacer frente a una inversión de tal calibre y en un momento tan difícil como el que estamos viviendo ante la crisis del coronavirus.
Es incoherente e indignante que el Gobierno, la Unión Europea y las principales Administraciones hagan alarde de las ayudas destinadas a la movilidad sostenible y, al mismo tiempo, abandonen a su suerte a las empresas de nuestro sector, que llevan años comprometidas, invirtiendo en vehículos ecológicamente mejorados y menos contaminantes.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) reclama la modificación de los requisitos para acceder al Plan Renove y las ayudas “de minimis” y así poder cumplir con las propias exigencias del Gobierno en su camino hacia la movilidad sostenible.
De no ser así, se pondrá en evidencia, una vez más, que el Ejecutivo no tiene en cuenta al transporte de mercancías por carretera, a pesar de haber demostrado con creces que es un sector fundamental para el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto.