El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles el Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo que tiene como objetivo responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de esta situación excepcional, seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, minimizar el impacto y facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública
En este nuevo Real Decreto-ley encontramos medidas para reducir los costes operativos de PYMES y autónomos; para reforzar la financiación empresarial; fiscales; para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo; y de protección a los ciudadanos, entre las que destacamos las siguientes:
- Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo.
- Se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas, en particular pymes y autónomos.
- La Línea de Avales del ICO de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de empresa y reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades Autónomas.
- Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito comercial.
- Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
- Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
- Se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio.
- Se reducen los aranceles notariales para la renovación de créditos no hipotecarios.
- Se adoptan medidas de flexibilidad para ajustar a la situación actual la regulación relativa a determinados sectores y actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación universitaria, centros tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas.
