El Gobierno ha aprobado el cuarto tramo de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), esta vez de 20.000 millones de euros. Adicionalmente, se han aprobado 4.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones de euros para reforzar el reaval que CERSA concede a las Sociedades de Garantía Recíproca, como Iberaval.
Esta línea tiene como objetivo apoyar a las empresas y autónomos avalando la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico, con el objetivo final de que el tejido empresarial español pueda mantener la actividad y el empleo.
Podrán solicitar los avales de este cuarto tramo las pymes y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes y tiene una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.
Las empresas interesadas podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse siguiendo la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea y por acuerdo del Consejo de Ministros.
Hasta la fecha estas líneas están teniendo bastante éxito y la banca agotó los primeros tres tramos en apenas unos días, por lo que tan solo el 40% de los solicitantes han obtenido el préstamo necesario para salvar sus negocios. En nuestra opinión, es absolutamente necesario no sólo poner ya a disposición de los empresarios españoles el resto de los 100.000 millones de euros prometidos, sino ampliar la línea todo lo necesario para poder atender la demanda de crédito. Además, habría que buscar una bajada de los tipos de interés aplicados, que en algunos casos son muy elevados.
